La resolución judicial que ordena a Apple desbloquear un celular iPhone — a petición del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigations, FBI) — y la negativa de Apple de cumplir con ella, pone en el tapete una vez más el debate de cuál de los derechos fundamentales es el predominante: La seguridad, o la privacidad.
El 16 de Febrero, La jueza federal de primera instancia Sheri Pym, ordenó al gigante tecnológico que le brinde al FBI la “asistencia técnica razonable” para desbloquear el teléfono celular iPhone de uno de los autores de la matanza de San Bernardino, Syed Rizwan Farook, con el fin de que el FBI pueda continuar su investigación del crimen, y constatar si existe información en el dispositivo relacionada a la planificación de la matanza. Apple se niega, alegando que esa tecnología no existe. Más aun, para cumplir con la orden judicial Apple tendría que crear un nuevo sistema operativo diseñado exclusivamente para evadir las configuraciones de seguridad del iPhone, cuya existencia pondría en riesgo la privacidad e información personal de millones de usuarios de iPhones alrededor del mundo.
Los argumentos de Apple son sencillos. Por un lado, le están pidiendo entregar algo que no tiene, ya que este sistema no existe en la actualidad, y por lo tanto cumplir es materialmente imposible. Y por el otro, si la orden fuera que diseñe este sistema, no habría posibilidad de cumplir sin violar los derechos de privacidad de millones de otras personas. Es decir, las implicaciones van mucho más allá de este caso puntual.
“La decisión final de los tribunales sentará un precedente [ … ] de que si la obligación del Estado de garantizar la seguridad colectiva de los ciudadanos pesa más que el derecho de esos mismos ciudadanos a su privacidad individual.”
Los argumentos del FBI son igual de sencillos. A Apple no se le está pidiendo desbloquear todos los iPhones en el mundo, sino un equipo en particular en posesión del gobierno, cuyo propietario está muerto y por ende ya no goza de derechos de privacidad. Además, la solicitud se hace con el fin de colaborar con una investigación criminal que a la larga pudiera salvar miles de vidas. Es un asunto de seguridad nacional.
El principal ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo que aunque técnicamente es posible que Apple pueda diseñar este nuevo sistema operativo, su creación simplemente es “demasiado peligrosa”, y básicamente sería pedirle al mismo Apple encontrar la forma de hackear a los millones de iPhones que existen en la actualidad, y que contienen información personal de sus usuarios. Automáticamente existiría en el mundo una “puerta trasera” para desbloquear cualquier iPhone en caso el sistema caiga “en las manos equivocadas”. Aunque el FBI dice que solamente se usaría para este caso específico, no tiene forma de garantizarlo.
En un escrito presentado para contestar el recurso que Apple presentó en contra de la orden judicial, el Departamento de Justicia dijo que Apple lo único que busca es proteger sus ventas, y que se están anteponiendo los intereses de mercadeo una sola compañía ante la seguridad nacional de los Estados Unidos.
La verdad es que el resultado de este debate va mucho más allá del celular de Farook. La decisión final de los tribunales sentará un precedente no solamente de que si la obligación del Estado de garantizar la seguridad colectiva de los ciudadanos pesa más que el derecho de esos mismos ciudadanos a su privacidad individual, sino también sobre qué tanto puede una sola compañía crecer como para que los tribunales consideren que proteger a los clientes de esta única compañía equivale a proteger a la ciudadanía en general. Irónicamente, en este caso pareciera que es Apple quién se encuentra a la defensa de los derechos de los ciudadanos, y no el gobierno.
Se espera que el caso llegue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos.
